El desperdicio alimentario es un problema de gran magnitud en España. Según datos recientes, en 2023 se desperdiciaron 1.214 millones de euros en comida, lo que pone en evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes para reducir este problema. En este contexto, la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, recientemente aprobada, supone un paso adelante, pero también enfrenta críticas y desafíos en su aplicación.
Una ley con buenas intenciones, pero con retos pendientes
El pasado diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó esta ley, con la que España se suma a otros países europeos en la regulación del desperdicio alimentario. Su objetivo principal es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030, en línea con las metas de la ONU.
Entre sus aspectos positivos, la ley otorga prioridad a la prevención, imponiendo obligaciones a distintos eslabones de la cadena alimentaria para minimizar las pérdidas. Sin embargo, existen importantes limitaciones. Una de las principales críticas es que la norma actual excluye a las microempresas con menos de 10 empleados y una facturación inferior a 2 millones de euros, dejando fuera a la mayoría de las empresas del sector. Además, se centra principalmente en la fase de consumo, sin abordar de manera integral el desperdicio que ocurre en la producción, transporte y distribución.
Impacto en la hostelería: entre la regulación y la resistencia
Uno de los sectores directamente afectados es la hostelería. La ley establece la obligatoriedad de ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse los alimentos no consumidos, sin coste adicional. Sin embargo, según un estudio reciente, más del 50% de los clientes rechaza esta opción, lo que plantea dudas sobre su efectividad. Además, los restauradores han manifestado preocupaciones sobre el impacto económico y burocrático que supone esta normativa, especialmente para los pequeños establecimientos.
Hacia una economía circular y un consumo responsable
Reducir el desperdicio alimentario no solo es una cuestión ambiental y económica, sino también social. La colaboración con bancos de alimentos y organizaciones solidarias es fundamental para redistribuir los excedentes de manera efectiva. Además, la educación en consumo responsable desde edades tempranas se presenta como una herramienta clave para cambiar hábitos y fomentar una mayor conciencia sobre el valor de los alimentos.
Conclusión
Si bien la nueva ley representa un avance en la lucha contra el desperdicio alimentario, queda un largo camino por recorrer. Para que sea realmente efectiva, es necesario ampliar su alcance, incluir a todos los actores de la cadena alimentaria y promover incentivos que faciliten su cumplimiento. Solo con un enfoque integral y la participación de todos los sectores podrá España cumplir con los objetivos de reducción del desperdicio y avanzar hacia un modelo alimentario más sostenible y eficiente.
