El campo vuelve a las calles: por qué los agricultores retoman las protestas
La vuelta de las movilizaciones agrarias
El sector agrario español vuelve a movilizarse en un contexto de profunda insatisfacción. Tras las intensas protestas del primer semestre de 2024, los agricultores se preparan para volver a las calles en los próximos días. Las razones son claras: una combinación de políticas restrictivas de la Unión Europea (UE), acuerdos comerciales percibidos como injustos, y una falta de apoyo estructural por parte del Gobierno español. La agricultura, uno de los pilares de la economía rural, se siente acorralada por decisiones que ponen en peligro su viabilidad económica y el futuro del campo.
Antecedentes de las protestas agrarias en 2024
Las protestas agrarias de 2024 se enmarcan en una revuelta más amplia que afecta a toda Europa. Desde el 6 de febrero hasta junio, el campo español vivió una oleada de movilizaciones que incluyó cortes de carreteras, bloqueo de centros logísticos y manifestaciones masivas. Aunque las asociaciones tradicionales como ASAJA, COAG y UPA participaron en estas protestas, su implicación inicial fue limitada, lo que reflejó una cierta desconexión con el sentir inmediato de muchos agricultores y ganaderos. Fueron, en cambio, grupos independientes y plataformas locales quienes impulsaron las primeras acciones, canalizando el descontento del sector de manera espontánea y contundente. Aunque en marzo las manifestaciones perdieron fuerza, la situación no mejoró, y las tensiones se mantuvieron latentes.
Causas del nuevo estallido de protestas
El acuerdo UE-Mercosur
La reciente firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ha reactivado el descontento. Este acuerdo elimina progresivamente los aranceles para las importaciones procedentes de estos países, permitiendo la entrada de productos agrícolas que no cumplen los estrictos estándares de producción europeos. Los agricultores denuncian una competencia desleal que amenaza su rentabilidad y pone en riesgo el futuro del sector cárnico y cerealista.
Políticas del Pacto Verde Europeo
El Pacto Verde Europeo, una iniciativa para lograr la sostenibilidad medioambiental, ha impuesto restricciones severas en el uso de pesticidas, fertilizantes y combustibles. Aunque el objetivo es positivo, los agricultores señalan que estas medidas encarecen la producción y no se aplican de manera equitativa a los productos importados de fuera de la UE.
Presión fiscal y burocrática
El sector agrario también se enfrenta a una creciente carga fiscal y a una burocracia excesiva que dificulta su actividad diaria. Impuestos sobre el diésel, los fertilizantes y el uso de maquinaria agrícola aumentan los costes de producción y reducen los márgenes de beneficio.
Falta de inversiones y apoyo al relevo generacional
El envejecimiento de la población agraria y la falta de incentivos para los jóvenes son otros de los problemas estructurales del campo español. Las políticas actuales no garantizan el relevo generacional ni la sostenibilidad económica de las explotaciones.
Las demandas del sector agrario
Flexibilización de la PAC
Los agricultores exigen una reforma de la PAC que simplifique los trámites burocráticos y reduzca las restricciones ambientales que consideran inasumibles.
Cláusulas espejo y control de importaciones
Piden que se apliquen cláusulas espejo a los productos importados, es decir, que estos cumplan las mismas exigencias de calidad y sostenibilidad que los europeos. Además, reclaman un mayor control de las importaciones para evitar la competencia desleal.
Precios justos y reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria
Los precios que reciben los agricultores no cubren sus costes de producción. Exigen una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que garantice precios justos y prohíba las prácticas desleales.
Modernización de infraestructuras y regadíos
Inversiones urgentes en sistemas de riego y en infraestructuras agrarias que permitan mejorar la eficiencia y reducir los costes.
Un contexto europeo de movilizaciones
El descontento agrario no es exclusivo de España. En Francia, Alemania y otros países europeos, los agricultores también han salido a las calles para protestar contra el acuerdo Mercosur y las políticas agrarias de la UE. La falta de reciprocidad en los estándares de producción y el encarecimiento de los costes han provocado una coordinación transnacional de las protestas.
Estrategia de movilizaciones previstas
Calendario y puntos clave
Las organizaciones agrarias han anunciado un calendario de movilizaciones que incluye:
- 16 de diciembre: Protesta nacional frente al Ministerio de Agricultura en Madrid convocada por ASAJA y COAG.
- 17 de diciembre: Movilizaciones en Toledo organizadas por el campo castellano-manchego.
- Cortes de carreteras y bloqueos de centros logísticos en distintas regiones del país.
Acciones previstas
Las movilizaciones incluirán tractoradas, marchas lentas y concentraciones en puntos estratégicos como puertos y centros logísticos. Se prevé una alta participación y un impacto significativo en el tráfico y el suministro de bienes.
Impacto y reacciones esperadas
Desabastecimiento y bloqueos logísticos
Se espera que las protestas generen interrupciones en la cadena de suministro, especialmente en el sector alimentario. Durante las movilizaciones anteriores, supermercados de varias regiones sufrieron desabastecimiento.
Reacción del gobierno y la UE
El Gobierno español ha reconocido la gravedad del descontento agrario y ha prometido una revisión de algunas medidas fiscales y burocráticas para aliviar la carga del sector. Sin embargo, las soluciones propuestas hasta ahora han sido consideradas insuficientes por muchos agricultores, quienes exigen acciones más concretas y de mayor alcance. El Ministerio de Agricultura ha iniciado conversaciones con los sindicatos agrarios tradicionales, pero la falta de resultados tangibles ha incrementado la frustración.
Por su parte, la Unión Europea se encuentra en una posición delicada. La necesidad de cumplir con los objetivos del Pacto Verde choca con las demandas de los agricultores que ven en estas políticas una amenaza para su supervivencia. La Comisión Europea ha defendido el acuerdo con Mercosur como una oportunidad comercial, pero también ha admitido la necesidad de establecer controles más estrictos para garantizar una competencia justa. La presión de los países más afectados podría llevar a una revisión de ciertos acuerdos comerciales y políticas agrarias.
