¿Qué es la AICA y cuál es su función?
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Fue creada en 2014 con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, garantizando el cumplimiento de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Su labor principal es velar por la equidad en las relaciones comerciales entre productores, industria y distribución, evitando abusos que puedan perjudicar a los eslabones más débiles del sector, como los agricultores y ganaderos.
Para ello, AICA supervisa el cumplimiento de la normativa, investiga posibles infracciones y, en caso necesario, impone sanciones a las empresas que vulneren los derechos de los productores. Su objetivo final es asegurar un mercado más justo, con relaciones comerciales equilibradas y transparentes.
Las sanciones de la AICA en 2025
La AICA ha publicado las sanciones firmes del primer trimestre de 2025, evidenciando prácticas que siguen perjudicando a los agricultores y ganaderos. La persistencia de estas infracciones indica que, pese a la existencia de una normativa específica, muchos operadores de la cadena alimentaria continúan sin respetarla.
Principales infracciones detectadas
Las infracciones más frecuentes en esta última publicación incluyen:
- Incumplimiento de los plazos de pago, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de los productores.
- No incorporar en el contrato alimentario el precio acordado, dejando a los agricultores en una posición de desventaja y vulnerabilidad.
- No formalizar por escrito los contratos alimentarios, lo que genera inseguridad jurídica.
- Modificar los precios pactados sin acuerdo entre las partes, práctica que favorece a los grandes compradores en detrimento de los productores.
- Obstrucción o negativa a colaborar con la Administración, impidiendo la labor de supervisión.
Las sanciones más elevadas y sus motivos
El listado de sanciones muestra que algunas empresas han sido multadas con cifras significativas. Entre ellas, destacan:
- Limones Lázaro El Lurdo, S.L.: multada con 138.006 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios.
- Natural Fruit Europe, S.L.U.: sancionada con 39.600 euros por incumplimiento de los plazos de pago.
- Pavo y Derivados, S.A. (PADESA): sancionada con 33.000,60 euros por no incorporar el precio pactado en el contrato.
- Fertofrans, S.L.: con una multa de 27.009 euros por incumplimiento reiterado de los plazos de pago.
- Seragro-Iberian, S.L. y J. García Carrión, S.A.: cada una con 18.001 euros de sanción por obstrucción a la labor de la Administración.
Una normativa que aún no disuade
Si bien estas sanciones pueden parecer significativas, en muchas ocasiones no suponen un verdadero freno para las empresas sancionadas, especialmente para aquellas de mayor tamaño. Las multas, aunque cuantiosas, siguen siendo inferiores al beneficio que algunas compañías pueden obtener mediante el incumplimiento de la normativa.
El impacto de estos abusos en la cadena alimentaria es claro: los agricultores y ganaderos, que ya enfrentan dificultades estructurales como la falta de relevo generacional y la presión de los mercados, ven agravada su situación debido a prácticas comerciales desleales.
Por ello, es necesario no solo endurecer las sanciones sino también reforzar los controles y agilizar los procedimientos para garantizar que la ley cumpla con su objetivo: proteger al eslabón más débil de la cadena alimentaria y asegurar un mercado más justo y equitativo para todos los actores del sector.
